Hay momentos en la trayectoria de un país que no se presentan como rupturas evidentes, pero que terminan marcando un cambio profundo en su dirección. Lo observado en la reciente cadena nacional se inscribe en esa categoría.
Más allá de las medidas específicas, el mensaje instala una definición relevante. El crecimiento económico vuelve a ocupar un lugar central dentro del modelo de desarrollo. No como una consecuencia automática, sino como el motor que debe activarse antes de sostener cualquier otra ambición en materia fiscal, social o institucional.
Durante los últimos años, Chile ha experimentado un deterioro progresivo en sus principales indicadores macroeconómicos. El crecimiento se ha mantenido en niveles acotados, la deuda pública ha aumentado de forma sostenida y los déficits estructurales han reducido el margen de acción del Estado. Este escenario ha comprimido el espacio fiscal disponible y limita la capacidad de financiar políticas sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La propuesta del Ejecutivo apunta a una reconfiguración de los incentivos económicos. La reducción gradual del impuesto corporativo, la reintegración del sistema tributario, la simplificación de procesos regulatorios, el impulso al empleo formal y la contención del gasto público responden a una lógica común. Se busca mejorar las condiciones para la inversión privada y, a partir de ello, dinamizar la actividad económica.
Desde una perspectiva técnica, el enfoque es coherente con un modelo donde la expansión se activa al reducir barreras a la inversión. Sin embargo, este tipo de estrategia enfrenta dos restricciones estructurales. La primera es la conocida tensión de la curva de Laffer, donde una reducción de tasas genera una caída inicial en la recaudación que solo se compensa si la base imponible crece de manera significativa. La segunda es el estancamiento de la productividad total de factores, que en el caso chileno lleva más de una década limitando el crecimiento potencial.
En este contexto, emerge una tensión central. Se plantea simultáneamente la reducción de la carga tributaria, la implementación de incentivos, el financiamiento de procesos de reconstrucción y la necesidad de ordenar las cuentas fiscales. Esta combinación configura un trilema fiscal exigente, cuya viabilidad depende de que el crecimiento proyectado se materialice con suficiente rapidez y magnitud.
El énfasis en la simplificación regulatoria adquiere, en este escenario, un rol particularmente relevante. En Chile, la incertidumbre jurídica y los plazos de aprobación han operado como un freno significativo para la inversión, especialmente en sectores intensivos en capital. Reducir estos costos no solo mejora la rentabilidad esperada de los proyectos, sino que también disminuye el costo de oportunidad asociado a la espera y la incertidumbre.
El mensaje también refleja un cambio en la forma en que el Estado se posiciona frente al desarrollo. Se observa un desplazamiento hacia un rol más habilitador, con menor énfasis en la intervención directa y mayor foco en la generación de condiciones para la actividad privada. Este giro no ocurre en el vacío, sino como respuesta al agotamiento de un ciclo donde el crecimiento se sostuvo en mayor medida en el gasto público y el consumo, especialmente en el período posterior a la pandemia.
Sin embargo, la viabilidad de esta orientación no depende solo de su coherencia técnica. Requiere estabilidad política y respaldo legislativo. Una doctrina de crecimiento, para ser efectiva, debe percibirse como una política de Estado y no como una agenda transitoria. De lo contrario, las señales hacia los inversionistas pierden credibilidad y el impacto esperado se reduce.
Adicionalmente, el crecimiento por sí solo no resuelve todas las dimensiones del desarrollo. Puede mejorar el empleo y aumentar los ingresos, pero no necesariamente corrige desequilibrios estructurales si no va acompañado de políticas complementarias en productividad, capital humano e innovación. En un país con mayores niveles de exigencia social, la legitimidad de este enfoque dependerá también de su capacidad de traducirse en mejoras concretas en la calidad de vida.
El programa presentado tiene una dirección clara y una lógica interna consistente. Sin embargo, su resultado final dependerá de factores que exceden el plano normativo. La ejecución, la credibilidad institucional y el entorno económico serán determinantes en su desempeño.
Este momento puede representar un punto de inflexión. No porque así se declare, sino porque define una orientación que condicionará las decisiones futuras. La experiencia reciente muestra que el crecimiento es un elemento necesario, pero no suficiente. Debe ser sostenido en el tiempo, comprendido por la ciudadanía y validado en sus resultados.
En última instancia, el éxito de esta estrategia no se medirá únicamente en las cifras agregadas de crecimiento. Se evaluará en su capacidad de generar empleo formal, aumentar la inversión efectiva y recuperar la confianza en el funcionamiento del sistema económico.
Ese será el estándar real sobre el cual se juzgará este giro.